Entrevista a Carlos Duran sobre el derecho humano a la paz

Durante la CSW61, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), que lidera una gran coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil que reclaman a los Estados que reconozcan la paz como un derecho humano, entre las cuales se encuentra la ISP.

¿Qué es la AEDIDH?

Es una ONG con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas que integra 122 personas expertas en derecho internacional de los derechos humanos. Estamos presentes en todos los países donde se habla español.

¿Por qué el derecho humano a la paz?

Desde el 11 de septiembre de 2001 observamos con mucha preocupación que la comunidad internacional asiste impotente a una crisis sistémica y generalizada en las relaciones internacionales. Se han incrementado los conflictos armados, el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva y la carrera de armamentos, hasta el punto de que ya se habla de la tercera guerra mundial. Tantos conflictos han producido numerosas víctimas en la sociedad civil  no combatiente, especialmente mujeres y niños, éxodos masivos y desplazamiento de poblaciones que buscan refugio en países más seguros, muchas veces a costa de sus propias vidas.

¿Qué hacen las Naciones Unidas para enfrentar la crisis internacional?

Las Naciones Unidas y el multilateralismo registran una marginación creciente ante la violación de los principios básicos establecidos en la Carta de San Francisco de 1945, que estableció un orden internacional basado en tres pilares: el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, el desarrollo económico y social de todos los pueblos, y el respeto a los derechos humanos y libertades universalmente reconocidos. El desarrollo de esos tres pilares debía conducir a la paz, propósito fundamental de la Carta de la ONU.

En su lugar, proliferan las acciones militares unilaterales de los Estados más poderosos, en violación del principio de prohibición del uso de la fuerza. Su impunidad es total, pues el Consejo de Seguridad está paralizado por el derecho de veto de los cinco Estados permanentes que ganaron la segunda guerra mundial. La carrera armamentista facilita la proliferación de conflictos, con la consiguiente destrucción de vidas y bienes, el incremento de las hambrunas y extrema pobreza en el mundo, la reducción de la ayuda oficial al desarrollo de los países más necesitados, y las violaciones masivas de los derechos humanos y libertades fundamentales, especialmente de las mujeres y niños. Todo milita en contra de los objetivos de desarrollo sostenible que la comunidad internacional estableció en 2015 cara a 2030.

¿Qué aporta el derecho humano a la paz?

Es la respuesta jurídica ante tanto despropósito. La paz, en su visión holística, significa ausencia de todo tipo de violencia, ya sea armada, estructural (producida por las desigualdades económicas y sociales entre los pueblos) o cultural (violencia de género, en la escuela o en el puesto de trabajo). Vivimos en sociedades culturalmente violentas y se invierte muy poco en desarrollar una auténtica cultura de paz. Las mujeres deben asumir un protagonismo en la reivindicación de los valores que son propios de la paz.

¿Qué falta para que los Estados reconozcan el derecho humano a la paz?

El 19 de diciembre de 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Declaración sobre el Derecho a la Paz con 134 votos a favor, pero con el voto en contra de los 34 países más ricos del mundo y 19 abstenciones. Así se cerró de manera precipitada seis años de trabajos preparatorios que se habían iniciado en 2010 en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a instancias de cientos de organizaciones de la sociedad civil, ciudades e instituciones públicas que, lideradas por la AEDIDH, redactaron la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, de 10 de diciembre de 2010.

Comparando ambas Declaraciones se observa con facilidad que el texto aprobado por la Asamblea General no reconoce expresamente el derecho humano a la paz, del que son titulares tanto las personas como los pueblos. Tampoco reconoce los elementos básicos de ese derecho emergente que sí muestra con amplitud la Declaración de Santiago: los derechos al desarme, al desarrollo y al medio ambiente sostenible, así como el respeto a todos los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos, son elementos esenciales de la paz que deben ser reconocidos y respetados por todos los Estados.

¿Qué vías tenemos en la sociedad civil para reclamar a los Estados que reconozcan el derecho humano a la paz?

En 2018 la Asamblea General deberá revisar la Declaración que aprobó en diciembre de 2016. Las organizaciones de la sociedad  civil deben reclamar de sus gobiernos que tengan debidamente en cuenta la Declaración de Santiago, que fue actualizada el 4 de marzo de 2016 y firmada por 476 organizaciones. Además, invitamos a toda organización interesada a firmar la Declaración de Santiago (disponible en www.aedidh.org ) enviando un correo electrónico a info@aedidh.org.

En el contenido de la Declaración adoptada por la ONU en diciembre pasado, ¿ existe alguna referencia a los servicios públicos, como base fundamental de esperanza y resilencia en zonas de conflicto?   Si no, crees que tal mención es posible de ser integrada en el proceso de revisión de la Declaración?

 La res. 71/189 de la AG no menciona los servicios públicos.  Sin duda, en el proceso de revisión es totalmente legítimo que reivindiquemos la noción de servicios públicos como facilitadores del disfrute real de muchos derechos humanos, incluido el derecho a la paz y el importante rol que cumplen las y los trabajadores de los mismos.

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